Un año después de la desaparición de 43 estudiantes de magisterio en Iguala, al sur de México, sigue sin saberse qué pasó y por qué pasó. Solo hay constancia de todo lo que las autoridades no investigaron y del terrible dolor que ha destrozado a las familias de las víctimas y a una sociedad que sigue clamando justicia.
El grupo de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ofreció un informe de más de 500 páginas
que echó por tierra la versión oficial de los hechos. La “verdad
histórica” se convirtió en “mentira histórica”, como dijeron los padres
de los desaparecidos.
El documento, fruto de 6 meses de trabajo, afirma que fue imposible que
en el basurero de Cocula se incineraran 43 cuerpos, como dijo el
gobierno de México; que los atacantes sabían que los jóvenes eran
estudiantes e iban contra ellos; que el ejército y la policía federal al
menos monitorearon en tiempo real todos los ataques sin hacer
absolutamente nada para ayudar a los jóvenes e incluso restringieron
ciertas informaciones; y que funcionarios obstruyeron la investigación y
destruyeron pruebas.
